La censura gubernamental en Internet es cada vez más frecuente y se extiende a un mayor número de países que hace unos pocos años. En la actualidad son, al menos, 40 gobiernos los que están imponiendo severas restricciones a la libertad informativa y de comunicación en Internet, según relata Gianna Walton en un artículo que acoge en su web la organización Wan Ifra. Pero lo más llamativo es que Estados Unidos, uno de los países que más airea el derecho a informar libremente en Internet, es precisamente quien hace posible que los otros gobiernos ejerzan la censura.
Vigilar la información y las comunicaciones en Internet requiere unos sofisticados sistemas de software y hardware, la mayoría de los cuales son fabricados y desarrollados por empresas del país norteamericano, además de otras occidentales, y vendidos a países con políticas restrictivas en Internet, según señala Walton utilizando informaciones provenientes de Foreing Policy, The Atlantic y el blog Aclu.
“Las agencias de inteligencia de todo el Medio Oriente pueden, prácticamente, analizar, catalogar y leer todos los correos electrónicos que se escriben en su país”, dice una de las informaciones. Estas tecnologías permiten a los gobiernos escuchar las llamadas telefónicas, leer mensajes de texto, incluso escanear redes celulares e identificar personas que llaman con reconocimiento de voz. Todo ello permite a los agentes de inteligencia vigilar los movimientos de los activistas a través de un localizador GPS que actualizan cada quince segundos. E incluso pueden llegar a engañar a los usuarios instalando software malicioso en sus dispositivos sin que el propietario se entere, como está ocurriendo actualmente en Siria.
Las empresas estadounidenses de alta tecnología no sólo venden sus productos de vigilancia a otros gobiernos democráticos que tratan de hacer frente a los delitos relacionados con Internet, tales como la pornografía infantil y el robo de la propiedad intelectual sino también a las dictaduras. Parte de la tecnología puede ser vista como de “doble uso” por su capacidad para proteger y censurar, dice el artículo de Wan Ifra.
Es evidente que las regulaciones de Internet son complejas y deben ser abordadas con cautela. Lo que parece mucho más claro, sin embargo, es que EEUU, y otros países occidentales, se deberían sentir obligados a limitar la venta de dispositivos de censura y vigilancia a los países que ignoran los derechos de privacidad de sus ciudadanos. Con el desarrollo de una legislación matizada y una mayor atención del público a estas cuestiones, las empresas tecnológicas occidentales quizá puedan comenzar a ignorar a gobiernos que sus propios legisladores denuncian.
