Mientras prácticamente todos los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan, con mayor o menor fortuna, en idear y fortalecer medidas para combatir la plaga del desempleo, la creciente pobreza y el cambio climático, Sarah Anderson, una experta en temas de Comercio Internacional que desarrolla su trabajo en el Institute for Policy Studies (EEUU), propone un impuesto sobre la especulación financiera como medio de obtener ingresos para hacer frente a estos tres acuciantes problemas.
El debate está abierto y todas las propuestas tienen pros y contras, pero deben ser objeto de análisis. En este caso, Anderson sugiere que cada transacción de acciones, derivados y otros productos financieros similares sean gravados con “un exiguo 0,25%” lo que, además, sería una eficaz “herramienta para detener el comportamiento enloquecido de la codicia que ha arrastrado a las economías occidentales hacia el precipicio en el que se encuentran”. El impuesto no sería aplicable a las operaciones habituales y sencillas tales como la retirada de dinero de los cajeros o las transferencias.
Para reforzar su propuesta Sarah Anderson recurre a históricos ejemplos. Si el 6 de mayo de 2010, cuando el Dow Jones sufrió un desplome de casi 1.000 puntos, se hubiese aplicado el impuesto del 0,25% a las transacciones bursátiles durante los veinte minutos más salvajes de la sesión, el Estado hubiera recaudado 142 millones de dólares. Aplicar la misma tasa en el momento del colapso financiero de la aseguradora AIG, valorado en 440.000 millones de dólares, habría supuesto, según Anderson, poder asumir el sueldo de 20.000 maestros estadounidenses durante un año.
A la pregunta de quién apoyaría este tipo de impuesto, Anderson, aclara que la Comisión Europea acaba de hacer pública su propuesta para la aplicación de un gravamen especial para las transacciones financieras en la Unión Europea que estará operativo antes de finalizar el otoño, según el ministro alemán de Finanzas.
También manifiesta que economistas de la talla de Paul Krugman y Joseph Stiglitz, así como algunos de los hombres de negocios más ricos del mundo, como Bill Gates y Warren Buffet, se muestran partidarios de aplicar el impuesto en cuestión. Hasta uno de los mayores especuladores bursátiles de los últimos años, Georges Soros, defiende la necesidad de su aplicación, según matiza Sarah Anderson en su artículo de IPS.
